La institucionalidad de Nicaragua atraviesa senderos críticos que ponen en riesgo la estabilidad del país. El órgano establecido por nuestras leyes para preservar el orden público está siendo vulnerado con la confirmación en el cargo de la Primer Comisionada Aminta Granera Sacasa, ya que tal nombramiento viola la propia Ley de la Policía Nacional, Ley 228, que en su Artículo 88 Numeral 1 establece con claridad el término de funciones del Director de la Policía y el período en el cual termina, estableciéndolo en cinco años que se venció el día 5 de Septiembre de 2011.