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Pronunciamiento sobre el otorgamiento de una concesión canalera a una empresa china

 



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El día de ayer, el inconstitucional régimen de la familia Ortega introdujo en la Asamblea Nacional un proyecto de ley cuyo objetivo es otorgar una concesión y un conjunto de privilegios a una empresa china, para la construcción de un canal interoceánico en nuestro territorio.


En 1914, un gobierno entreguista firmó el Tratado Chamorro-Bryan que otorgaba a los Estados Unidos una concesión, a perpetuidad, para construir un canal por Nicaragua, en graciosa concesión de la soberanía nacional, a la vez que se pretendía convertir a Nicaragua en un protectorado estadounidense.


Sobre aquel tratado, Sandino alzó su voz, para defender su principio de “soberanía absoluta” diciendo: “Debemos afirmar, una vez más, que dichos tratados, pactos y convenios han sido celebrados contra la voluntad del pueblo nicaragüense”.


Ahora, la familia Ortega Murillo, propone un proyecto de ley que, igual que aquel tratado, pretende entregar la soberanía nacional de Nicaragua y, al igual que en 1914, se pretende hacer a espaldas y contra la voluntad del pueblo nicaragüense.


Basta mencionar algunos de los elementos más importantes:


1. El régimen pretende otorgar una concesión, privilegios, exoneraciones y exenciones de impuestos a una empresa desconocida. El pueblo nicaragüense tiene derecho a conocer en detalle de qué empresa se trata, quiénes son sus dueños, qué intereses se mueven detrás de ella, qué capacidades técnicas posee para desarrollar un proyecto de esa envergadura, cuál es su solvencia económica, cuál es su solvencia moral y empresarial.


Si esta información no se proporciona, estamos en la libertad de suponer que se trata de una estafa, una operación con una empresa de papel, para hacerse con una concesión y luego vender los derechos a otros interesados. Una operación corrupta para hacer ganar mucho dinero a unos inversionistas de mentira, a costa de los bienes de todos y todas los nicaragüenses.


2. El proyecto de ley del inconstitucional Ortega pretende otorgar concesiones y privilegios sin que aún se conozca cuál será la ruta. Es decir, se otorgará una concesión que podrá usarse en cualquier parte del territorio nacional. El pueblo nicaragüense tiene derecho a saber, de previo a cualquier aprobación de ese proyecto de ley, cuál es la ruta planteada y en particular, cuál es el impacto humano, económico, social y ambiental que causará.


3. Un proyecto de esta naturaleza, que cruza el territorio nacional y que afectará completamente al país, sus recursos naturales, su economía y su soberanía, debe ser sometido a una consulta popular amplia que incluya a todos los sectores sociales de la nación. Sin embargo, ya es claro que la intención manifiesta del régimen es aprobar a trote y moche este proyecto de ley utilizando su aplanadora de diputados orteguistas, en completo desprecio de la opinión popular y ciudadana.


El tipo y naturaleza de las ventajas que se pretenden regalar, comprometen gravemente la soberanía nacional. Y el fin de la soberanía nacional es proteger, cautelar y asegurar el uso adecuado del patrimonio de los y las nicaragüenses para su desarrollo integral.


Esta estafa que pretende ejecutar Ortega, le roba al pueblo nicaragüense su derecho a decidir sobre la construcción de un canal interoceánico, que, de aprobarse la ley, quedaría en manos de un grupo de falsos empresarios chinos y sus socios locales. A este tipo de politiqueros, como la familia Ortega Murillo, es a quienes Sandino llamaba con justa razón: “vendepatrias”.


El MRS rechaza la aprobación de este proyecto de ley y cualquier documento que regale una concesión, privilegios, exoneraciones y exenciones de impuestos a una empresa desconocida, por una ruta desconocida, por un plazo de cien años, violando y ultrajando la soberanía nacional y por ende, el derecho del pueblo nicaragüense a su bienestar y oportunidades.


Llamamos a todos los sectores sociales a manifestarse y movilizarse en contra de esta estafa de los Ortega Murillo y a demandar una amplia consulta nacional y ciudadana, de previo a cualquier acción legislativa o ejecutiva.


Managua, 6 de junio de 2013.