Programa de opinión del fin de semana en Radio Corporación

"Saber que se puede, querer que se pueda" (Color Esperanza, Diego Torres) 

27 de febrero de 2010

(Edición No.90)

Ortega tiene la solución 

Las incendiarias palabras del Presidente Ortega, y que literalmente terminaron en el intento de incendio de una microfinanciera en El Ocotal, en julio del 2008, están en el origen del serio problema que ahora enfrenta el país con la aprobación de la conocida como Ley de Moratoria, que por beneficiar a unos pocos del Movimiento No Pago, perjudicará a muchos.

El 12 de ese mes, en Jalapa, Ortega había dicho a los integrantes de ese Movimiento: "Protesten frente a las oficinas de los usureros y plántense frente a sus oficinas. Párense firmes, nosotros los apoyamos".

Desde el gobierno y desde el sector privado se reclama el veto presidencial a la mencionada ley. Eso sería parte, pero solamente parte de la solución al problema. El veto a la ley debería ser complementado con una propuesta de solución a los deudores de las microfinancieras que efectivamente requieren una reestructuración de sus adeudos.

En julio del 2008 hicimos una propuesta que ahora reiteramos: que la Caja Rural Nacional (CARUNA), a través de la cual el Presidente Ortega canaliza una parte importante de la cooperación venezolana, compre a las microfinancieras todas esas deudas en mora y se arregle directamente con los deudores.

Como se ve, el Presidente Ortega que alentó el Movimiento No Pago, tiene la solución al problema sin hacer daño al sistema financiero, al país y a decenas de miles de clientes del sistema financiero.

Lula en El Salvador 

La visita del Presidente del Brasil, Luis Ignacio Da Silva, mejor conocido por "Lula", a El Salvador, subraya un hecho de la mayor importancia. Es el espaldarazo político y económico   -porque se anuncia la suscripción de un gigantesco paquete de ayuda financiera del coloso sudamericano al pequeño país centroamericano-   a un gobierno de izquierda, el del Presidente Funes, que ha decidido gobernar sobre la base del patrón de otros gobiernos exitosos de América Latina: los que compatibilizan el papel del Estado con el mercado, la justicia social con la democracia, la afirmación del interés nacional con las buenas relaciones con todos los demás países. Todo ello, sobre el trasfondo de un Estado de Derecho, que impide se confundan la voluntad y los intereses particulares del gobernante, con los intereses del Estado.

En verdad, viendo la foto de todos los Presidentes que se reunieron esta semana en la Cumbre de Cancún de los países de América Latina y el Caribe, resulta más y más evidente que la verdadera clasificación de los gobiernos de América Latina no es, como estridentemente se pretende, entre aquellos de izquierda y aquellos de derecha, sino entre aquellos exitosos, o que al menos están en camino del éxito, y aquellos no exitosos, o que están en camino del fracaso.

En efecto, los hay exitosos o en camino del éxito, con gobiernos de derecha o centro derecha, como Costa Rica; y los hay exitosos, con gobiernos de izquierda o centro-izquierda, como Brasil y Chile. A estos casos apunta el Presidente Funes de El Salvador, para fortuna de su país.

Y hay gobiernos fracasados, o en camino del fracaso, pese a sus inmensas riquezas, como Venezuela. Y a este caso, desafortunadamente,  apunta el Presidente de nuestro país.

No es un muerto más 

Cuando alguien muere siento que me disminuyo, porque soy parte de la humanidad, escribió hace varios años un famoso economista marxista estadounidense, en el funeral de un amigo. Con mayor razón, agregó, cuando se trata de un amigo.

Ha venido a mi mente esa reflexión por la muerte, en una cárcel cubana, después de una prolongada huelga de hambre, del prisionero político Orlando Zapata. Que alguien lleve su testimonio a ese extremo, es estremecedor. Y a todos nos disminuye, pero sobre todo disminuye a un gobierno que se niega a aceptar que tiene prisioneros de conciencia y por motivos políticos, como lo escribió la bloguera cubana Yoani Sánchez.

Nuevo Jefe, la misma institución 

El cambio, sin ninguna clase de trauma, en la Jefatura del Ejército de Nicaragua subraya uno de los mayores progresos políticos de nuestra historia: la institucionalización y profesionalización de las fuerzas armadas.

No es casualidad que las encuestas invariablemente señalen a las fuerzas armadas como una de las instituciones que gozan de mayor confianza entre los ciudadanos. Es que en la medida que las mismas se apegan a la ley, se les respeta.

Cabe recordar que este proceso se inició hace 20 años, que se cumplieron en la presente semana, cuando los nicaragüenses decidimos poner punto final a la guerra civil de los años 80 a través de una solución democrática: las elecciones del 25 de febrero de 1990.

Lamentablemente, no se puede decir lo mismo de los otros progresos políticos de estas dos décadas. En especial en cuanto al progreso, que abrió el camino a los otros progresos, entre ellos el de las fuerzas armadas y de policía: elecciones democráticas, como las del 25 de febrero de 1990, en que los votos se contaron bien.

Es curiosamente doloroso que Daniel Ortega, quien en 1990 abrió para Nicaragua un futuro de esperanza, aceptando su derrota electoral, sea quien ahora abra un futuro de conflicto al empeñarse, de manera ilegal y antidemocrática, en perpetuarse en el poder.

Pero así como en el espejo de la institución armada nos vemos con orgullo democrático, estoy seguro que los nicaragüenses no permitiremos que se nos arrebate el derecho de vernos, también con orgullo democrático, en el espejo de todas las demás instituciones del Estado. Aunque Daniel Ortega piense lo contrario.